La transición a la democracia (1975 – 1982)

La muerte (el 20 de Noviembre de 1975) de Francisco Franco (dictador entre 1939-1975) marca el inicio de una etapa en la historia de España: la transición a la democracia.

El 22 de Noviembre de 1975 las Cortes franquistas nombraron rey de España a Don Juan Carlos I, nieto del último rey de España (Alfonso XIII) y sucesor oficial del dictador según las leyes franquistas. El primer problema que debía resolver el nuevo monarca era el del cambio de sistema político. Las bases del régimen (el ejército y las fuerzas del orden público) deseaban mantener las estructuras sociopolíticas franquistas, mientras que la oposición, organizada en torno a la Junta Democrática (dirigida por el PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (creada por el PSOE), quería la inmediata disolución de las instituciones del régimen de Franco y la convocatoria de Cortes constituyentes.

El rey se decidió por un camino intermedio: la instauración de la democracia en fases sucesivas, sin romper totalmente con la legalidad existente en el país.

En este sentido el monarca nombró presidente de gobierno a Arias Navarro, el último presidente de gobierno de Franco. Arias Navarro inició una pequeña reforma, pero no contentó a la masa social que reclamaba la democratización del país. Las consecuencias de esta lenta transición se tradujeron en huelgas y protestas. En marzo de 1976 los dos principales organismos de la oposición (La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática) unieron sus fuerzas en la Coordinadora Democrática.

En estas circunstancias, el rey provocó la dimisión de Arias Navarro y nombró en julio de 1976 presidente de gobierno a Adolfo Suárez. A pesar de sus orígenes falangistas, Adolfo Suárez era mucho más joven y podía representar mejor la voluntad de cambio y regeneración que se estaba tramitando.  Suarez inició una serie de contactos con la oposición para intentar el proceso de democratización. Se comenzó disolviendo las estructuras políticas y la legislación del régimen anterior.

Un paso fundamental para el establecimiento de un sistema democrático era la legalización de los partidos políticos de la oposición, que seguían siendo clandestinos. En 1976, el PSOE es legalizado. En abril de 1977 Suárez legaliza el PCE (dirigido por el dirigente exiliado Santiago Carrillo). Fue una medida valiente y necesaria a pesar del malestar que sabía que su decisión iba a producir en el ejército. Las Fuerzas Armadas expresaron su protesta, pero Suárez continuó negociando con la oposición 

Una vez garantizada la pluralidad política, los partidos se prepararon para presentarse a las primeras elecciones democráticas. A estas elecciones se presentaron, además de los partidos políticos que habían actuado desde el extranjero en la clandestinidad (PSOE, PCE), otros partidos políticos de reciente aparición. Suárez creó la Unión de Centro Democrático (UCD), coalición heterogénea de reformistas y antiguos franquistas que estaba integrada por democristianos, liberales y socialdemócratas. Por su parte, Manuel Fraga creó Alianza Popular (AP), coalición de de derechas, en su mayor parte formada por antiguos franquistas.

En las elecciones del 15 de junio de 1977 la población se mostró prudente y apoyó la estabilidad que representaban los iniciadores de la reforma política. La UCD obtuvo mayoría relativa (165 diputados),  el PSOE (118 diputados), El PCE (20 diputados) y AP (16 diputados) que fue el gran derrotado. Los grupos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco obtuvieron unos buenos resultados.

 

1. El gobierno de la UCD (1977-1982)

 El nuevo gobierno de la UCD tomó medidas para la pacificación del país como la ley de amnistía (que obligaba al perdón y olvido de los crímenes del  franquismo), reinició relaciones con los países del Este europeo, y en octubre de ese año 1977 firmó con las principales fuerzas políticas los denominados Pactos de la Moncloa con el objetivo de realizar una política común contra el terrorismo y la crisis económica.

Durante 1978 las principales fuerzas políticas, incluso las nacionalistas catalanes y vascos (aunque estos últimos no participaron finalmente en la comisión redactora), trabajaron en la redacción de una Constitución. El consenso acordado se centró fundamentalmente en:

a) el respeto de la economía de mercado

b) la planificación estatal y la unidad nacional, dentro de un Estado estructurado en ‘Comunidades Autónomas’.

 

El 4 de diciembre de ese año se aprobó la Constitución en referéndum y, sin embargo, la transición no podía darse por terminada. Porque por un lado, la UCD no se consolidaba, y por otro dentro de la izquierda había aún muchas posiciones extremas y en la derecha también con los violentos nostálgicos del régimen franquista.

En las elecciones de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD; pero en las municipales de abril la izquierda consiguió las principales alcaldías. El siguiente paso lo dio la izquierda cuando el PSOE abandonó oficialmente el marxismo y se acercaba así al centro izquierda, desde posiciones políticas socialdemócratas.

El año 1980 fue muy difícil para el gobierno. No logró acabar con las disputas internas dentro de la UCD, a lo que hay que unir el desastre económico, con una inflación que superaba el 20% y un paro que había aumentado el 500% desde 1975. Todo ello, unido a la presión de los grupos de la oposición, llevó a Adolfo Suárez en enero de 1981 a presentar la dimisión.

Un mes después la democracia española estuvo a punto de no sobrevivir: el 23 de febrero de 1981 hubo un golpe de Estado. El teniente coronel Antonio Tejero, con 150 guardias civiles, y apoyado por otros mandos militares, se apoderó del Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, el sucesor de Suárez hasta la realización de nuevas elecciones. Todos los parlamentarios quedaron encerrados allí. Pero el rey Juan Carlos ejerció inmediatamente el mando militar y ordenó a todos los jefes militares que se mostraran fieles a la constitución A la una de la mañana del día 24 el monarca anunció que el golpe había sido dominado. La monarquía parlamentaria superaba así su prueba de fuego, y con ella la democracia española.

El final de la transición fue la victoria electoral del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982.

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